El pasado 5 de mayo de 2025, en la ciudad de Pataz, se registraron hechos gravísimos: delincuentes criminales secuestraron y ejecutaron a trabajadores mineros. Ante esta situación, el Gobierno decretó el Estado de Emergencia en toda la provincia de Pataz mediante el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, designando cerca de mil (1,000) efectivos policiales, acompañados de personal militar, para restablecer el orden interno y enfrentar frontalmente a las organizaciones criminales que operan en la zona.
Estos agentes vienen realizando una labor ardua y sacrificada: enfrentan no solo el crimen organizado, sino también duras condiciones climáticas, escasa alimentación y precios elevadísimos para adquirir recursos básicos para su subsistencia.
Durante una visita al campamento Hualanga de la empresa minera “La Poderosa”, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, José Zanabria Angulo, aseguró textualmente al personal lo siguiente:
“El personal policial comisionado en el distrito y provincia de Pataz, departamento de La Libertad, conforme al Plan de Operaciones N.º 08-2025-DIRNIC/DIRMEAMB-SEC UNIPLEDU ‘PATAZ II’ – 2025, cobrará sus viáticos al 100% por un período de 29 días, en un plazo máximo de dos semanas desde el inicio de la comisión”.
De acuerdo con la normativa vigente, y teniendo en cuenta la declaratoria de estado de emergencia por 30 días, corresponde legalmente el pago íntegro de viáticos (100%) al personal comisionado.
Sin embargo, hoy 27 de mayo de 2025:
El personal policial aún no ha recibido los viáticos prometidos, a pesar de haber transcurrido más de dos semanas.
Se ha difundido la versión de que el pago ya no será al 100%, sino reducido al 50%, generando un profundo malestar en la tropa.
Esta situación es inaceptable: los policías comisionados realizan gastos diarios en alimentación, productos de aseo, medicinas y otros, en una zona donde el costo de vida se triplica o cuadruplica debido a la minería informal y el estado de emergencia.
Cabe recordar que, por derecho y según las directivas vigentes, todo efectivo comisionado a una zona en Estado de Emergencia debe recibir el 100% de los viáticos. Esta obligación está debidamente regulada por el Ministerio del Interior y el Reglamento de Viáticos aplicable a la PNP.
¿Qué está pasando?
Nos preguntamos: ¿qué hacen los altos mandos de la Policía Nacional, el Ministro del Interior y la Presidenta de la República? Hablan de respaldo a la Policía, pero en la práctica se pisotean los derechos del personal subalterno. Se les promete apoyo económico para cumplir una misión riesgosa, pero una vez restablecido el orden, se les recortan sus derechos.
Se sabe que el presupuesto para estos viáticos ya fue aprobado y transferido a las unidades ejecutoras, por lo que surge una inquietante duda: ¿ese dinero será devuelto al Tesoro Público o terminará en manos de terceros? La transparencia en este aspecto es fundamental.
Además, es importante aclarar que la empresa minera “La Poderosa” es una entidad privada sin convenio alguno con la Policía Nacional para alimentación o alojamiento. Así lo confirman el Registro Nacional de Proveedores y el sistema OSCE.
El personal comisionado también enfrenta problemas de salud por las bajas temperaturas, debiendo costear medicamentos y atención médica por cuenta propia, gastos que podrían cubrirse fácilmente si recibieran los viáticos completos.
EXIGIMOS:
Una solución inmediata y justa a este atropello. Basta de abusos, recortes y engaños. Los efectivos policiales arriesgan su vida y salud por restablecer el orden en zonas peligrosas como Pataz. No se puede permitir que luego de cumplir con su deber, se les niegue el pago justo que por ley les corresponde.
Esperamos que las autoridades competentes actúen con responsabilidad, y no sigan abusando ni engañando a quienes están en la primera línea de defensa por la seguridad del país.
