A plomo y sangre. Así se profundiza la crisis ambiental y de seguridad en la sierra de La Libertad, particularmente en la provincia de Pataz, donde la minería ilegal ocupa concesiones mineras formales, aprovechando la paralización de proyectos autorizados y la débil presencia del Estado. El fenómeno no es aislado. Se repite en regiones como Cajamarca y Apurímac, configurando un escenario cada vez más preocupante para el país.
La alerta fue lanzada por el propio presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien confirmó que grupos de mineros ilegales han invadido concesiones mineras con permisos ambientales vigentes o históricos, hoy inactivas, para extraer oro de manera clandestina, sin control ni fiscalización. En La Libertad, el foco más crítico se encuentra en Pataz, una zona donde la violencia, el uso de explosivos y el control territorial por mafias mineras ya forman parte del paisaje cotidiano.
Según el jefe del Gabinete Ministerial, la expansión de esta actividad responde a una lógica que se repite con crudeza: cuando la minería formal se paraliza, el vacío es ocupado por economías ilegales. “Cuando no se desarrolla la minería legal que cumple con altos estándares, se cede el espacio a la minería ilegal, que contamina y utiliza la violencia”, sostuvo Álvarez, dejando en evidencia una responsabilidad estructural del Estado.
El caso de Minas Conga, en Cajamarca, ilustra con claridad este patrón. Se trata de un proyecto aurífero valorizado en cerca de 4 800 millones de dólares, que cuenta con certificación ambiental desde 2010, pero que permanece paralizado desde hace más de una década. De acuerdo con un informe de Bloomberg, esta prolongada inactividad convirtió el área en un territorio vulnerable, donde hoy se registra ocupación ilegal y extracción clandestina de oro, sin ningún tipo de supervisión.
Situaciones similares se presentan en Apurímac, alrededor de proyectos estratégicos como Las Bambas, operado por MMG, y Haquira, de First Quantum Minerals. En estas zonas, la presión de la minería ilegal no solo genera daño ambiental, sino que incrementa los riesgos de conflictos sociales, fortalece redes criminales y alimenta economías vinculadas al tráfico de insumos, armas y lavado de activos.
En Pataz, la problemática adquiere un rostro aún más violento. La invasión de concesiones formales se produce bajo amenazas, secuestros, ataques armados y uso de explosivos, en una provincia donde el Estado parece llegar siempre tarde. La minería ilegal no opera como un fenómeno artesanal aislado, sino como una estructura criminal organizada, capaz de tomar territorios, imponer reglas y desplazar a comunidades enteras.
El impacto ambiental es devastador. A diferencia de la minería formal, estas actividades no pagan impuestos, no cumplen estándares técnicos ni ambientales y utilizan sustancias altamente tóxicas como el mercurio. El propio premier advirtió que los ríos que nacen en el área del proyecto Conga están siendo contaminados, afectando ecosistemas altoandinos y poniendo en riesgo la salud de poblaciones que dependen directamente de estas fuentes de agua.
Especialistas coinciden en que el avance de la minería ilegal en concesiones formales desnuda una contradicción profunda en la política pública: se bloquean o paralizan proyectos legales con altos estándares, mientras se permite, por omisión, la expansión de actividades ilegales que destruyen el ambiente y erosionan el Estado de derecho.
Actualmente, el Ejecutivo cuenta con 60 días de facultades legislativas para reforzar el marco penal y procesal contra la minería ilegal. El reto, sin embargo, va más allá de endurecer sanciones. Implica recuperar presencia estatal en territorios capturados por mafias, diferenciar con claridad la minería artesanal de las organizaciones criminales y evitar que la parálisis de la inversión formal siga siendo la puerta de entrada para economías ilícitas
