Cargamento explosivo que es adquirido por mineros inscritos en Reinfo no es custodiado por policías, como antes se hacía. Variación de la ley La Ley que regula el uso y manipulación de explosivos es letal para la población.
Hasta hace algunos años, las organizaciones criminales en Trujillo se limitaban a disparar contra las casas de sus víctimas o dejar una carta con balas como advertencia mortal para forzar el pago de cupos. Hoy, esa práctica quedó corta frente a una nueva y más peligrosa modalidad: el uso indiscriminado de dinamita y cargas explosivas completas en zonas urbanas. Se calcula que de 50 a 100 cartuchos de dinamitas al mes son usadas por bandas de extorsionadores, según fuentes policiales.
El estallido registrado recientemente en la avenida Santa, en esta ciudad, donde una potente carga voló una vivienda y provocó daños en más de 200 inmuebles y negocios, revela el nuevo rostro del crimen organizado: mafias con acceso directo a material explosivo de uso minero.
¿De dónde sacan los explosivos los criminales? La respuesta, según fuentes policiales y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), conduce a un mismo origen: la minería informal, camuflada bajo la etiqueta oficial de “en proceso de formalización”.
Se trata de miles de mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un padrón que debía ser temporal pero que el Congreso de la República ha prorrogado una y otra vez, abriendo la puerta a un mercado negro de dinamita. A eso, hay que añadir que a la semana son detenidos entre 5 a 7 delincuentes en poder de estos artefactos explosivos en Trujillo.
En la práctica, esto significa que los explosivos adquiridos legalmente para faenas extractivas terminan desviados hacia las organizaciones criminales. Y el precio es irrisorio: un cartucho de dinamita puede conseguirse por apenas 10 soles en el “mercado muerto”.
El vacío legal
El problema se agravó con un cambio normativo ocurrido hace cinco años. La Ley que regula el uso civil de armas de fuego, municiones y explosivos antes obligaba a que un policía en actividad custodiara cada embarque de dinamita adquirido por mineras, desde la compra hasta su traslado a la zona de exploración y explotación, siempre con guías de remisión verificadas.
Hoy la situación es distinta: ya no se requiere personal policial y solo basta con vigilancia privada que no rinde cuentas a la autoridad. El control del traslado quedó reducido a un trámite burocrático.
Ese vacío ha sido explotado al máximo por las mafias, con la complicidad de mineros informales registrados en el Reinfo. Lo que antes era un instrumento de trabajo en socavones hoy se ha convertido en el arma predilecta de las bandas que controlan la extorsión en Trujillo y otras provincias liberteñas.
“Hoy los cartuchos de dinamita se venden como pan caliente en el mercado negro. Si el Estado no corta el desvío desde la minería informal, la próxima tragedia podría costar decenas de vidas. Sucede que al no existir un custodio policial que controle la carga explosiva, una parte de ella puede ser bajada por el camino. Debería regresar como era antes para evitar este desvío, pues de darse este desvío, el policía, que responde a sus superiores, puede formular un acta advirtiendo lo sucedido”, explicó una fuente policial consultada.
Ahora para la manipulación y uso de explosivo basta con lo siguiente: autorización de la Sucamec para ello, así como para un polvorín, es decir donde se almacenará la carga; contar con personal autorizado para la manipulación, y listo. Con todos estos requisitos se llevan la carga explosiva como si se tratara de comprar verduras en el mercado. Las fuentes explicaron que, incluso, mineros informales que operan en Pataz (La Libertad), sospechosamente, cuentan con polvorines en Arequipa y Tacna, lo cual dificulta más el control. “La ley también les permite lamentablemente”, explicaron.
“Destruyen rocas”.
Consultado sobre el tema, el exintegrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, Ángel Santoyo Puicón, calcula que el 5 % de la dinamita adquirida al mes por los mineros informales, termina en manos de las organizaciones criminales. “De mil cartuchos adquiridos, unos 50 van a parar a la extorsión. No hay control”, refirió el exagente, quien en la década de los 80 y 90 cumplió una labor esforzada en la lucha contra el terrorismo.
Las consecuencias de esta desviación son altamente destructibles. “En el reciente caso que se ha registrado en Trujillo, según mi experiencia, se han usado de 15 a 20 cartuchos de dinamita de 5 mil de emulsión, con todos sus componentes, es decir con su detonador y mecha. Es un explosivo muy potente que se usa para destruir rocas enormes en los cerros en la minería ilegal e informal en Pataz, de allí la destrucción que ha causado en las viviendas y alrededor, alertó el experto.
Santoyo Puicón también lamentó que en Trujillo sólo existan cuatro efectivos especializados en desactivación de explosivos. “Conmigo éramos cinco, pero pasé al retiro. Ahora solo son cuatro que deben atender emergencias en la desactivación de explosivos en toda La Libertad”, comentó.
Es un negocio aparte”
El abogado penalista y exconsejero regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, tiene estimaciones más preocupantes todavía. “Hay una ganancia extrema que explica por qué más del 50% de la dinamita que se compra de forma legal termina desviada hacia actividades ilícitas. Cada dinamita cuesta entre 20 a 50 soles”, advierte.
También cuestiona que la norma actual ya no obligue a que policías en actividad custodien el traslado y uso de explosivos. “Mineros informales con credenciales de ‘en proceso de formalización’ acceden a comprar grandes lotes de dinamita con autorización de la Sucamec, pero en la práctica destinan buena parte al negocio ilegal, es un negocio aparte.Un minero artesanal con una operación pequeña no necesita mil cartuchos de dinamita, pero los adquiere igual porque sabe que la mitad los venderá a organizaciones criminales”, sostiene Quiroz.
Greco Quiroz planteó que cada cartucho de dinamita tenga un código de serie, como ocurre con las balas. “De esta manera, si se incauta un explosivo en manos de extorsionadores, se podrá rastrear con exactitud al comprador formal que desvió el material. También hay que fortalecer a la Sucamec, dotándola de ingenieros de minas y articulando sus registros con la Dirección de Fiscalización Minera y las Gerencias Regionales. Sin ese cruce de información, seguirá siendo fácil comprar dinamita en exceso bajo fachada de ‘uso minero’, añadió.
