La norma no puede ser un refugio para la informalidad ni un salvavidas para la ilegalidad. Expertos, autoridades y líderes indígenas plantean que la nueva ley asegure trazabilidad, fiscalización y zonas intocables para proteger la vida y el ambiente.
Especialistas, autoridades y líderes indígenas coincidieron en un punto: la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) no puede seguir siendo un salvavidas para la ilegalidad. La norma debe ser una herramienta para ordenar la actividad y cerrar definitivamente el paso a quienes contaminan ríos y operan al margen de la ley.
Ese fue el consenso en el seminario “Hacia una ley de la minería pequeña y artesanal que contribuya al desarrollo sostenible del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.
Lo artesanal y lo ilegal
César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), presentaron diez propuestas entregadas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La primera: diferenciar con claridad al minero artesanal del informal y del ilegal.
Garay Tapia explicó que esta actividad tiene dos caras: por un lado, es sustento y dinamiza economías locales; por el otro, deja impactos sociales, ambientales y legales. “Cada semana, en las zonas donde se practica, aumentan los índices de criminalidad y de deforestación”, advirtió.
También cuestionó lo fácil que resulta operar sin cumplir requisitos. “Un minero que quiere formalizarse solo necesita inscribirse en el Reinfo y ya puede empezar a trabajar. En cambio, si uno quiere abrir una simple tienda, la municipalidad exige permisos y no deja abrir hasta que se cumplan. Con la minería no pasa lo mismo. Necesitamos orden y reglas claras”, dijo.
Las plantas procesadoras
Para Ipenza, el control debe concentrarse en las plantas de beneficio, donde se procesa el mineral. Si no se fiscalizan, es imposible rastrear el origen del oro o frenar el uso de químicos peligrosos. Se debe involucrar a la SUNAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en ese trabajo.
El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, también puso la lupa sobre estas empresas. Varias figuran entre los principales productores nacionales sin tener minas propias, como Beta Dorada (octavo productor nacional), Paltarumi (décimo lugar en solo un año de operaciones), Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde sacan el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”, preguntó, pese a que el Estado debería tener las respuestas.
Angela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que se debe garantizar la trazabilidad no solo del mineral, sino también de la maquinaria, los combustibles, los insumos químicos y los explosivos que alimentan la minería ilegal. Criticó, además, que se haya reducido el presupuesto para enfrentar esta actividad ilícita. “La nueva ley debe estar pensada para la pequeña minería, no para encubrir a la ilegalidad”, dijo.
Territorios intocables
El OMI también propuso que la Ley MAPE declare zonas intangibles: áreas naturales protegidas, ríos, territorios indígenas y sitios arqueológicos. Esos lugares deben ser intocables. El oro no puede valer más que el agua o la vida, señaló Ipenza.
La lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, dio testimonio de lo que ocurre en Madre de Dios. Contó que las comunidades deben caminar una hora para encontrar agua limpia, mientras los ríos están contaminados con mercurio. “Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse porque la piel se les llena de ronchas”, denunció.
Juvenal Silva, de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, añadió este dato: la minería ilegal ya afecta a 48 comunidades indígenas en la Amazonía, una quinta parte del territorio nacional. “Lo que ayer era verde hoy es gris plomo”, dijo. Se deforestan miles de hectáreas y se contamina el agua de cuatro millones de personas.
El problema del Reinfo
Diana Carolina Gonzales Delgado, congresista de Avanza País, señaló que el Reinfo terminó siendo un refugio para la informalidad. Como resultado, se extraen minerales sin pagar impuestos, no se responde por los daños ambientales, se contrata mano de obra en condiciones precarias y se cometen delitos.
Recordó que, en octubre pasado, representantes de los mineros intentaron ampliar el Reinfo por cinco años más. Aunque su pedido no prosperó como querían, sí se amplió por seis meses más una prórroga de medio año que vence el 31 de diciembre de este año.
