El 43,6% de las víctimas a nivel urbano en el país decidió no denunciar porque consideró que sería una pérdida de tiempo, el motivo más recurrente en todos los ámbitos.
La inseguridad es una amenaza constante que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos y la actividad económica de la región. Según datos del INEI, solo el 15,7% de las víctimas de algún delito en La Libertad presentan denuncia ante las autoridades, lo que significa que la mayoría de los ciudadanos opta por no reportar robos, extorsiones, secuestros u otros hechos delictivos.
“Los delitos reducen la inversión privada, afectan el comercio local y desincentivan el turismo, generando pérdidas que se reflejan en todos los niveles de la economía regional. Hay que considerar que la percepción de riesgo es dañina porque limita la actividad productiva y aumenta los costos de operación de empresas y negocios”, explicó Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
En Trujillo, principal ciudad de la región, los ciudadanos han sido testigos de incidentes alarmantes que muestran que la inseguridad es una amenaza real: detonación de artefactos explosivos, robos a turistas y ataques a empresas locales. Aunque algunos de estos hechos puedan considerarse coyunturales, reflejan un problema estructural: la ciudadanía convive con delitos que se repiten y que no parecen disminuir, mientras la respuesta del Estado continúa siendo limitada.
El primer semestre del 2025 evidencia un patrón preocupante: el 43,6% de las víctimas a nivel urbano en el país decidió no denunciar porque consideró que sería una pérdida de tiempo, el motivo más recurrente en todos los ámbitos. Esta cifra revela un creciente desencanto ciudadano frente a la eficacia del sistema de justicia y la capacidad de la Policía para actuar.
El problema se agrava con la limitada presencia policial. En La Libertad, la tasa de efectivos por cada mil habitantes es inferior a 2,7, muy por debajo del promedio nacional de 3,89 y de departamentos como Tumbes (6,09) o Tacna (5,57). Esta distribución desigual del personal policial afecta directamente la prevención del delito, la rapidez de respuesta ante emergencias y la confianza de la población en las instituciones de seguridad.
La combinación de alta percepción de impunidad, escasa denuncia y baja cobertura policial mantiene a La Libertad atrapada en un círculo de vulnerabilidad que afecta no solo a los ciudadanos, sino también a empresas y turistas. La persistencia de esta amenaza incide directamente en la calidad de vida, limita el desarrollo económico y mantiene a la población en un estado permanente de alerta.
“Reforzar la dotación policial es indispensable, pero no suficiente. La seguridad ciudadana requiere más que patrullajes; necesita coordinación institucional, canales de denuncia efectivos y estrategias de prevención que lleguen a todos los sectores de la ciudad y la región. Solo así los ciudadanos recuperarán la confianza en que sus denuncias serán atendidas y que el Estado está presente donde más se necesita”, concluyó Vega.
