Una de esas crisis, de acuerdo a informe de la Defensoría del Pueblo, ocurre en La Libertad, donde la situación se puede agudizar más.
Una nueva generación de conflictos está creciendo silenciosamente en los márgenes del país. Son disputas protagonizadas por mineros ilegales, plantas de beneficio, asociaciones de productores, propietarios de terrenos, comunidades campesinas y pueblos originarios.
De acuerdo al último Reporte de Conflictos Sociales N° 266 de la Defensoría del Pueblo, se encuentra que esta nueva conflictividad ya forma parte del escenario nacional. Aunque solo se han identificado seis casos, esto revela un nuevo patrón. Las poblaciones que exigen proteger cabeceras de cuenca rechazan la presencia de mineros ilegales o demandan la paralización de operaciones que amenazan sus fuentes de agua.
Uno de estos casos ocurre en Huanta en Ayacucho. La población y organizaciones agrarias exigen paralizar las actividades de pequeña minería en Putka para proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca. Según la Defensoría, agricultores, comisiones de usuarios y organizaciones sociales demandan la creación de un Área de Conservación Regional y la aplicación de medidas técnicas y legales que impidan la contaminación del agua destinada al consumo humano y a la agricultura.
«La problemática central radica en la demanda de los actores sociales (…) que impidan la contaminación del agua destinada al consumo humano y uso agrícola», señala la Defensoría.
Pero hay otros. En Cahuacho, distrito ubicado en la provincia arequipeña de Caravelí, pobladores de Nauquipa exigen el cese de actividades ilegales que afectan sus territorios y fuentes de agua. En Pataz (La Libertad), persiste la disputa por los impactos sociales, ambientales y de seguridad generados por la minería ilegal. En Tigre y Datem del Marañón (Loreto), comunidades indígenas reclaman una intervención del Estado frente al avance de estas operaciones sobre sus territorios y recursos.
Así también en La Pampa en Madre de Dios, mineros informales protestaron contra los operativos de interdicción policial. Pero también hay otro tipo de conflictos como las protestas de los mineros informales que demandan la ampliación del Reinfo y una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal.
La información oficial deja entrever un problema mayor: muchos conflictos vinculados a esta actividad ni siquiera llegan a ser registrados. Casos como el de la planta de beneficio Yolita, en Huallpamayo, provincia cusqueña de Chumbivilcas, muestran que existen disputas fuera de los sistemas de alerta estatales. Comuneros denunciaron contaminación ambiental, amenazas y la instalación de infraestructura sin el consentimiento de la población local. A pesar de ello, el caso no figura entre los conflictos activos reconocidos por la Defensoría del Pueblo.
La diferencia con los conflictos tradicionales es que actualmente las comunidades que se oponen a la actividad no enfrentan a un actor formal identificable, sino a asociaciones de mineros, operadores de plantas de beneficio, concesionarios, transportistas y redes económicas que participan en distintos eslabones de la minería ilegal. Al tratarse de una actividad que opera al margen de la ley, no existen parámetros normativos ni éticos que regulen su desempeño, lo que limita seriamente cualquier posibilidad de diálogo o negociación. En este contexto, no existen canales institucionales ni responsabilidades definidas, por lo que no hay a quién recurrir para exigir derechos o resolver desacuerdos.
Además, cada actor suele contar con sus propios mecanismos de protección, que en muchos casos incluyen el uso o la amenaza de la violencia, que se agrava aún más cuando se establecen vínculos o alianzas con organizaciones criminales, lo que complejiza y aumenta el riesgo.
Esta conflictividad no está siendo ni identificada ni atendida con los procedimientos institucionales, porque muchas permanecen invisibles para el Estado.
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