Aunque La Libertad ejecuta más del 90 % de los recursos del canon y transferencias asociadas, la mayor parte del gasto se concentra en asignaciones sin productos concretos, mientras salud, educación y saneamiento reciben montos marginales. El resultado: alta ejecución contable, pero escaso impacto social en las provincias más afectadas por la actividad minera.
La Libertad es una de las regiones del país que más recursos recibe por concepto de canon, sobrecanon, regalías mineras, renta de aduanas y participaciones. Sin embargo, el contraste entre los montos transferidos y la realidad social de sus provincias, sobre todo de la sierra, vuelve a poner en cuestión la eficiencia, el enfoque y la calidad del gasto público regional.
Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), obtenidos de la herramienta Consulta Amigable, revelan una paradoja persistente: altos niveles de ejecución presupuestal, pero impactos limitados en servicios básicos, cierre de brechas y desarrollo sostenible.
De acuerdo con la información del MEF, el Gobierno Regional de La Libertad ha manejado en los últimos años montos superiores a los 110 millones de soles anuales provenientes del canon y recursos asociados. En términos técnicos, el presupuesto se ejecuta. En términos sociales, la pregunta es otra: ¿en qué se gasta y qué resultados concretos se obtienen?
De acuerdo con los registros del MEF, durante el 2025 el Gobierno Regional de La Libertad ejecutó más de S/ 118 millones por concepto de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. El nivel de avance supera el 91 %, un indicador que, en términos administrativos, suele presentarse como sinónimo de eficiencia. Sin embargo, un análisis económico más fino muestra que ejecutar no es lo mismo que invertir estratégicamente.
El dato más revelador del presupuesto 2025 es la concentración del gasto en la categoría “Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos”, que absorbe más de S/ 92 millones, es decir, alrededor del 78 % del total del canon ejecutado. Se trata de recursos que no están directamente asociados a bienes o servicios finales claramente identificables para la ciudadanía.
En contraste, los programas orientados a resultados concretos reciben montos significativamente menores. Educación básica regular, saneamiento rural, salud mental, desarrollo infantil temprano o reducción de vulnerabilidad ante desastres concentran presupuestos que, sumados, no alcanzan ni una fracción de lo destinado a asignaciones sin producto.
En educación básica regular, el Gobierno Regional ejecutó más de S/ 12 millones, con un avance cercano al 97 %. Aunque el porcentaje es alto, el monto resulta modesto frente a las brechas persistentes en infraestructura escolar, conectividad y calidad educativa, especialmente en provincias del ande liberteño.
En salud, el panorama es aún más revelador. Programas como salud materno neonatal y salud mental presentan presupuestos reducidos, pese a que La Libertad enfrenta altos indicadores de embarazo adolescente, depresión, violencia y problemas de acceso a servicios especializados. La lógica del gasto prioriza la ejecución contable antes que una respuesta proporcional a la magnitud de los problemas sociales.
El análisis de los proyectos de inversión financiados con canon minero en 2025 expone otra debilidad estructural. Iniciativas emblemáticas, como el mejoramiento del Hospital Provincial de Virú (S/ 37 millones) o la ampliación de la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache (S/ 17.5 millones), figuran con ejecución cero o prácticamente nula.
Desde el punto de vista económico, estos proyectos representan capital inmovilizado. El dinero existe, está presupuestado, pero no se traduce en obra, empleo ni servicios. Mientras tanto, pequeñas inversiones en mobiliario escolar, campos deportivos comunales o sistemas informáticos alcanzan el 100 % de ejecución.
El problema no es solo técnico, sino territorial. Provincias como Pataz, Santiago de Chuco, Otuzco o Sánchez Carrión, directamente impactadas por la actividad minera —formal, informal e ilegal— no reflejan mejoras proporcionales a los recursos que el canon genera. Persisten problemas de agua potable, caminos, servicios de salud y alternativas productivas.
El caso del canon minero en La Libertad durante 2025 deja una lección clara: una alta ejecución presupuestal no garantiza desarrollo. El énfasis en “gastar todo” antes de fin de año termina desplazando la discusión central: qué se gasta, para qué y con qué resultados.
