La audiencia será el jueves 13 de noviembre
El caso del secuestro y asesinato de Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán, Jhon Rodríguez Espejo, vuelve a poner el foco en la justicia peruana. Esto debido a que siete personas condenadas por este crimen ocurrido en el año 2022 han presentado apelación, buscando la revocación de sus sentencias, en un proceso que genera expectativa y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial.
Entre los apelantes se encuentran Jolin Bazán Valderrama “jolin”, Axel Ander Corrales Anticona y Willy Ronal Calderón Mercedes, quienes se encuentran actualmente requisitoriados tras haber evadido a la justicia, así como Elvis Danny Solano Castañeda, Rodolfo Agustín Ventura Asto, Jordy Jasmir Villanueva Robles y Víctor Alejandro Antón Culquitante, quienes están presos y son parte del juicio. Todos ellos habían sido previamente sentenciados por su participación en el crimen que conmovió a Trujillo, al Perú y al extranjero.
La audiencia final para resolver la apelación está programada para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m., y se realizará mediante videoconferencia a través de la plataforma Meet. La sesión será inaplazable, y el resultado marcará un capítulo crucial en la búsqueda de justicia por este crimen.
El fallo estará a cargo de los jueces Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián, quienes deberán evaluar los argumentos presentados por los apelantes frente a las condenas previamente impuestas por la tortura y asesinato del empresario de 73 años de edad.
La apelación fue presentada ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, solicitando la revocación de la sentencia condenatoria efectiva. Este recurso legal pone nuevamente en evidencia la complejidad del caso, que combina hechos de extrema violencia con desafíos en la persecución y captura de los responsables.
Este caso no solo refleja la gravedad del crimen cometido, sino también los retos que enfrenta el sistema judicial en el Perú: la efectividad de las condenas, el seguimiento de los requisitoriados y la garantía de un proceso justo. La atención pública sigue centrada en cómo se desarrollará esta apelación, que podría redefinir el destino de los sentenciados y, al mismo tiempo, reforzar la confianza en la justicia.
