Para el Ejecutivo, la prórroga del Reinfo no debe ser por dos años, sino por uno; además, se debe diferenciar con claridad a los mineros artesanales e informales de los ilegales y no reincorporar a los 50 000 excluidos del registro. Si no hay acuerdo en estos puntos, el Gobierno observaría la ley y, en caso de que sea aprobada por insistencia, acudirá al Tribunal Constitucional.
El presidente de la República, José Jerí Oré, consideró “razonable” la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero se mostró en contra de que la prórroga sea por dos años, hasta diciembre de 2027, como señala el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
“Dos años no; un año, porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una cierta situación complicada al próximo gobierno”, dijo Jerí Oré este fin de semana.
Ya la semana pasada, en Trujillo, Jerí Oré había dicho: “En el pleno tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso y buscar fórmulas intermedias, eclécticas, que no impliquen retroceder al 100 % con lo que ya se ha avanzado como Estado”.
Para el consejero regional por la provincia de Trujillo, Robert de la Cruz Rosas, el Gobierno t el Congreso de la República son los responsables de la agudización de la violencia que golpea a Pataz, la provincia más convulsionada de La Libertad debido a la minería ilegal, las extorsiones y el avance del crimen organizado.
Según De la Cruz, la reciente decisión del Parlamento de pretender ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —herramienta que debió servir para conducir a los pequeños mineros hacia la formalidad, es una muestra clara de que el Legislativo está actuando a contracorriente de la seguridad nacional.
“El Congreso es cómplice de la situación en Pataz. Tanto por ampliar el Reinfo como por no modificar la ley de adquisición de armas”, afirmó el consejero, aludiendo a los vacíos legales que permiten que la delincuencia organizada acceda a armamento de guerra, mientras las comunidades quedan indefensas frente a grupos criminales que controlan socavones, carreteras y campamentos.
Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo observará la extensión de la vigencia del Reinfo si la norma se aprueba tal como está, sin diferenciar a los mineros informales y artesanales de los ilegales. “El Congreso tiene los instrumentos adecuados para separar la paja del trigo. Si ellos no lo hacen, nosotros primero vamos a observar la ley; pero, si no hay la decisión del Congreso de hacer algo bien hecho, entonces van a superar la insistencia y nosotros llevaremos el tema al Tribunal Constitucional”, advirtió.
Sobre la reincorporación de los de 50 000 mineros informales excluidos por llevar más de un año suspendidos al no haber cumplido los requisitos del proceso, Álvarez dijo que “sería perjudicial porque fueron retirados del Reinfo seguramente por algún motivo”.
Aunque el premier reconoció que en el Congreso existen los votos para ampliar el Reinfo, precisó que el gabinete tiene el encargo de preservar el interés nacional. “(…) tiene los votos de sobra para aprobar el Reinfo, pero estamos invocando que ellos abran la baraja para contemplar la realidad. (…) No es posible que los maliciosos, que se enriquecen destrozando la naturaleza, puedan seguir lucrando, estableciendo mafias criminales alrededor de la minería (…)”.
Dijo también que es necesario preservar los intereses de la pequeña minería y de la minería artesanal, pero sin permitir que las actividades ilícitas se amparen en el Reinfo.
La postura de Jerí Oré muestra un cambio. Como congresista apoyó en dos ocasiones la ampliación del Reinfo, en un debate que giraba en torno a la presión social y política de los mineros ilegales e informales, que tienen contactos en el Legislativo y pueden influir en determinados parlamentarios. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya no mira el problema solo como una negociación con un grupo, sino como un problema nacional. Formalizar ya no se trata de dar un plazo más, sino de asumir que el fracaso del Reinfo ha permitido el desborde de la minería ilegal.
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