En su último mensaje a la nación, la presidenta obvió ese problema pese a que la minería ilegal y el crimen organizado asociado a ella ya controla el negocio del oro. Ese silencio podría deberse a que la presidenta se cuida de chocar con sus aliados en el Congreso que tienen intereses mineros.
La presidenta Dina Boluarte, en su último mensaje a la nación, solo nombró seis veces a la minería ilegal, la misma cantidad que usó para llamarlos “pequeños mineros artesanales”. No mencionó ni anunció medidas concretas para enfrentar el crimen organizado y la minería ilegal e informal en el país.
Dijo que se aprobó una estrategia nacional para la reducción e interdicción de esta actividad al 2030 y que se hicieron operativos en Pataz, La Libertad, y Madre de Dios, afectando a las organizaciones criminales con más de 181 millones de soles.
El discurso de Boluarte se puede explicar porque la presidenta no quiere poner en riesgo el apoyo que tiene en el Congreso, de congresistas que tienen vínculos con los mineros, quienes impulsaron y aprobaron, por ejemplo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Dice mucho de las prioridades de este gobierno que haya dedicado pocas líneas a esta actividad cuando, según Ipsos, el 81 % de peruanos considera a la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional y la relaciona con el lavado de activos, la trata de personas, la extorsión y la deforestación.
Así, Boluarte y sus aliados en el Congreso inician su último año sin mencionar el avance de las economías ilegales. Tal vez por eso, en la calle los ven, según las encuestas, como socios de un poder que legisla de espaldas al país y facilita el avance de la minería informal e ilegal, así como del crimen organizado.
Un sector de la población asocia cada norma que amplía la formalización minera, debilita la fiscalización ambiental o reduce sanciones al transporte de insumos con un pacto entre gobierno y estas organizaciones, que en los hechos no quieren formalizarse.
Lo que pasa es que este Congreso aprobó, en el último año, un paquete de normas que, según especialistas, representan “un retroceso de más de diez años” en la lucha contra la minería ilegal, y la presidenta Boluarte las publicó con premura.
Entre ellas: la Ley 31973, que amplió plazos de formalización; la modificación de la Ley Forestal, que permite el uso de tierras en zonas de alto valor ecológico; la eliminación de sanciones penales para el transporte de insumos químicos; la reducción del presupuesto de interdicción; y la ley que debilita la Unidad de Inteligencia Financiera, dificultando el rastreo de capitales del oro ilegal.
Y, en las siguientes semanas, tratará de aprobar la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que, tal como está redactada, según varios especialistas, abrirá la puerta a que las mafias del oro ilegal sigan operando sin control. Al reducir exigencias ambientales, esta norma permitiría que se camuflen bajo la etiqueta de “formalizables”.
