El Colectivo PAS – País Seguro, organización que se ha posicionado como una de las principales voces en defensa de la seguridad ciudadana frente a actividades ilícitas como la minería ilegal, exhortó a los Poderes del Estado a no ceder a las presiones de grupos que bloquean carreteras y realizan protestas para frenar las acciones contra la minería ilegal en el Perú.
En un pronunciamiento público, el colectivo advirtió sobre los riesgos de tomar decisiones apresuradas que podrían agravar los problemas ya existentes en el país, como la inseguridad, los daños ambientales, las afectaciones al patrimonio cultural y la debilidad institucional.
La advertencia de PAS llega en un contexto en el que el Congreso evalúa la aprobación de la llamada Ley MAPE, que regula la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, y en el que diversos sectores han incrementado la presión social mediante manifestaciones y bloqueos para acelerar su promulgación.
El Legislativo debe ser consciente de que aprobar un pre-dictamen sin debate técnico y sin escuchar a las distintas voces que han señalado los peligros de esta propuesta, solo facilitaría el crecimiento de la minería ilegal y sus delitos conexos”, señala el comunicado. Además, recordó que el propio Tribunal Constitucional ha cuestionado la existencia de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), calificándolo como un incentivo perverso a la impunidad.
El colectivo enfatizó que el REINFO no ha cumplido su objetivo de formalización y ha sido manipulado para proteger operaciones ilegales. “No se debe eximir de responsabilidad penal a quienes se amparan en ese registro. La depuración del REINFO es necesaria y urgente”, añadió.
En cuanto al Ejecutivo, el Colectivo PAS llamó a mantenerse firme en el cierre definitivo del REINFO, y a centrar los esfuerzos en trabajar con los verdaderos mineros artesanales que sí tienen la voluntad de formalizarse y cumplir con la ley.
Finalmente, PAS señaló que este es un momento crucial para definir qué tipo de país queremos. “Debemos trabajar por la seguridad y por el respeto de los derechos de todos los peruanos, sin someter nuestras instituciones a chantajes ni claudicar ante la ilegalidad”, subrayaron.
