La inseguridad condiciona la vida de quienes emprenden y, a gran escala, limita el potencial de crecimiento de la economía local.
La crisis de inseguridad en nuestra región sigue causando preocupación. Recientemente, la explosión en una discoteca de Trujillo, que dejó más de 30 personas heridas, volvió a evidenciar los riesgos que enfrentan a diario los ciudadanos, generando especial inquietud entre emprendedores y pequeños empresarios. Al respecto, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advierte que este episodio refleja un problema más amplio que va más allá de un solo hecho.
Entre 2023 y 2025, las denuncias por extorsión en la región crecieron 42%, pasando de 3,100 a 4,400 casos. Mientras tanto, en 2025, el número de personas en prisión por este delito era de 121, frente a un pico de 257 internos registrado en años anteriores. Estos datos muestran que los casos reportados y los registros de encarcelamiento no siempre evolucionan de la misma manera, reflejando la complejidad del fenómeno. Además, el número de denuncias solo representa una parte del problema: en La Libertad, apenas el 15,7% de las víctimas de algún hecho delictivo acude a la policía.
“Muchas redes de extorsión continúan operando porque el sistema no siempre logra anticiparlas ni responder de manera efectiva. Enfrentar este fenómeno no se limita a aplicar penas más severas, construir más cárceles o aumentar el número de policías. Su magnitud requiere un enfoque integral: fortalecer la prevención, mejorar la inteligencia para desarticular estas organizaciones y asegurar que la justicia actúe con eficacia”, sostuvo Germán Vega, economista de REDES.
▪︎ La inseguridad está golpeando el crecimiento de los pequeños negocios
En nuestro país, las micro y pequeñas empresas (mypes) constituyen casi la totalidad del tejido empresarial (99,1%), convirtiéndose así en motores de empleo y desarrollo. Sin embargo, en los últimos años, la creciente inseguridad ha elevado sus costos operativos, reducido su confianza y limitado su capacidad de crecimiento.
“Cuando una economía crece, las oportunidades deberían multiplicarse: más empresas, más empleos y más personas mejorando su situación. Sin embargo, en la región este impulso se ve limitado por el aumento del crimen, que reduce la inversión, encarece la actividad empresarial y debilita las expectativas de crecimiento. Así, un emprendedor que antes podía pensar en expandir su negocio y contratar más personal, hoy debe preocuparse por protegerse de la extorsión y mantener a salvo su actividad”, explicó Vega.
Situaciones como esta forman parte de la experiencia cotidiana de muchos emprendedores. Sandro, propietario de un negocio en Trujillo, lleva diez años trabajando en la ciudad y ha enfrentado distintos episodios de extorsión. Este año, sin embargo, la situación se intensificó: quienes lo amenazaban ya contaban con los números de teléfono de sus padres y de su pareja. Ante esto, decidió denunciar el caso y entregar a la policía el número desde el que lo extorsionaban.
La decisión, aunque necesaria para garantizar su seguridad, también afectó su negocio, ya que ese teléfono era su principal canal de contacto con los clientes. Este ejemplo ilustra cómo la criminalidad no solo amenaza a las personas, sino que también impacta la actividad empresarial y las posibilidades de crecimiento económico. Y las cifras confirman este impacto. Según el Consejo Privado de Competitividad, entre 2021 y 2024 la violencia le costó al país más de S/6 mil millones en crecimiento perdido.
“La inseguridad condiciona la vida de quienes emprenden y, a gran escala, limita el potencial de crecimiento de la economía local. En un país donde la mayoría de negocios son micro y pequeñas empresas, es indispensable contar con un control territorial efectivo y políticas integrales de acción, no solo para proteger a las personas, sino también para asegurar que el emprendimiento y el empleo puedan seguir desarrollándose”, concluyó Vega.
