La minería ilegal vuelve a mostrar su rostro más devastador. El colapso de una mina ilegal de coltán en Rubaya, al este de la República Democrática del Congo (Africa), ha dejado más de 200 víctimas mortales, según reportes preliminares de autoridades locales, organizaciones humanitarias y medios internacionales.
Otras estimaciones elevan la cifra hasta 400 fallecidos, debido a que decenas de cuerpos aún permanecen enterrados bajo toneladas de lodo y roca. Las intensas lluvias, sumadas a la ausencia total de controles técnicos y de seguridad, habrían provocado el derrumbe de túneles precarios donde cientos de personas trabajaban en condiciones extremas.
Aunque el hecho ocurrió a miles de kilómetros del Perú, sus causas estructurales no son ajenas a nuestra realidad. En regiones como La Libertad, donde la minería ilegal e informal se ha expandido sin control efectivo, un escenario similar no es una hipótesis remota, sino un riesgo latente.
En el Perú, la minería ilegal también ha dejado de ser un fenómeno marginal. Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de la Defensoría del Pueblo, La Libertad es una de las regiones más golpeadas por esta actividad, especialmente en provincias como Pataz, Sánchez Carrión y Otuzco.
En Pataz, la extracción ilegal se desarrolla principalmente en socavones profundos, muchos de ellos abandonados por empresas formales y reabiertos sin ningún criterio técnico. Informes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y de la Policía Nacional del Perú advierten que estos espacios presentan alto riesgo de derrumbes, acumulación de gases tóxicos, colapsos estructurales y explosiones por uso indiscriminado de dinamita.
A diferencia de Rubaya, donde predomina la minería a cielo abierto, en La Libertad el peligro se concentra bajo tierra. Un solo colapso de socavón podría sepultar a decenas de trabajadores, muchos de ellos jóvenes o migrantes internos, que laboran sin contrato, sin seguro y sin posibilidad de ser registrados en estadísticas oficiales.
Una de las similitudes más alarmantes entre África y el norte peruano es el subregistro de víctimas. En La Libertad, organizaciones civiles y periodistas locales han documentado casos de mineros fallecidos cuyos cuerpos no ingresan al sistema forense, son retirados por sus propios compañeros o enterrados sin notificación oficial para evitar intervenciones policiales.
El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú advierte que la minería ilegal genera una cadena de violencia que va más allá del accidente laboral: sicariato, trata de personas, trabajo infantil, lavado de activos y control territorial por organizaciones criminales. En este contexto, una tragedia masiva podría quedar parcialmente oculta, como ocurre en muchas zonas del Congo.
El REINFO, concebido como un mecanismo transitorio de formalización, ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República y por especialistas del Instituto Peruano de Economía (IPE), quienes advierten que su uso prolongado termina blindando operaciones ilegales. Mientras exista rentabilidad extraordinaria y bajo riesgo penal, la minería ilegal seguirá operando, incluso en zonas de altísima peligrosidad geológica.
El caso de Rubaya demuestra que la falta de control estatal no solo alimenta economías ilegales, sino que mata. En La Libertad, donde confluyen minería ilegal, crimen organizado y ausencia de alternativas productivas, el riesgo es estructural.
Una advertencia que no puede ignorarse
La tragedia en la República Democrática del Congo no es un hecho lejano ni ajeno. Es una advertencia global. Allí, la combinación de minería ilegal, lluvias intensas y ausencia de fiscalización terminó en una catástrofe humanitaria. En La Libertad, esos mismos elementos ya están presentes.
La pregunta ya no es si puede ocurrir una tragedia similar en el Perú, sino cuándo. Sin una estrategia integral que ataque la cadena económica del oro ilegal, refuerce la fiscalización técnica, garantice seguridad laboral y ofrezca alternativas reales a las comunidades, la minería ilegal seguirá cobrando vidas, aquí o en cualquier parte del mundo.
Rubaya mostró el costo extremo de mirar a otro lado, La Libertad conoce el riesgo, ignorarlo es aceptar que la próxima tragedia sea solo cuestión de tiempo. La mina colapsada se ubica en una zona controlada desde 2024 por el grupo rebelde M23, organización armada que ejerce dominio territorial y económico sobre vastas áreas ricas en minerales estratégicos. De acuerdo con informes del Grupo de Expertos de la ONU sobre la RDC, el M23 impone tributos ilegales a la producción y comercialización del coltán, convirtiendo la minería ilegal en una fuente directa de financiamiento del conflicto armado.
Testimonios recogidos por Human Rights Watch y agencias internacionales describen un sistema de extracción sin ningún estándar de seguridad: túneles interconectados excavados a mano, ausencia de apuntalamiento, falta de ventilación, inexistencia de equipos de protección y jornadas de trabajo extenuantes. Bajo estas condiciones, las lluvias intensas actuaron como detonante de una tragedia anunciada.
El coltán —abreviatura de columbita-tantalita— es hoy uno de los minerales más codiciados del mundo. Sus componentes, tantalio y niobio, son esenciales para la fabricación de teléfonos móviles, computadoras, equipos médicos, industria aeroespacial y armamento de alta precisión. La RDC concentra alrededor del 40 % de la producción mundial, y Rubaya aporta cerca del 15 % del suministro global, pero buena parte de esa riqueza se sostiene sobre ilegalidad, violencia y un altísimo costo humano.
La ONU estima que el conflicto minero en el este del Congo ha generado más de 7 millones de desplazados, configurando una de las peores crisis humanitarias del planeta. La tragedia de Rubaya no es una excepción: es la consecuencia directa de permitir que la minería ilegal opere sin Estado, sin ley y sin vida digna.
