La minería ilegal ha levantado en el Perú no solo campamentos clandestinos, socavones inestables y ríos convertidos en veneno. Ha construido, además, un sistema económico paralelo que se mueve con la misma velocidad con la que el oro cambia de manos en los mercados internacionales.
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en los últimos diez años el Estado ha detectado movimientos sospechosos que superan los 22 mil 800 millones de dólares vinculados a esta actividad ilícita. La cifra es tan abrumadora que no solo revela la magnitud del negocio, sino su profunda penetración en la economía formal, donde el oro ilegal circula y se exporta como si fuera un producto legítimo.
Desde septiembre de 2015 hasta 2025, la UIF ha recibido más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas que tienen como punto de partida la minería ilegal. Se trata de transacciones millonarias que, en muchos casos, se camuflan mediante el uso indiscriminado de dinero en efectivo, compras de inmuebles y vehículos a través de testaferros, creación de empresas fachada y exportaciones “legalizadas” en papeles, aunque su origen real esté ligado a la extracción criminal.
Uno de los principales analistas de la UIF, Diego Ulloa, reconoce que este mecanismo coloca al Estado frente a un reto mayúsculo: el oro que sale del país “sale con documentos”, pasa por puertos y aeropuertos con el respaldo de trámites formales, y es prácticamente imposible detectar en qué etapa de la cadena se produjo la actividad ilícita.
La minería ilegal es hoy uno de los motores financieros del crimen organizado en el Perú. Su influencia ya no se limita a los socavones clandestinos ni a las zonas remotas donde proliferan campamentos mineros; ha perforado instituciones, ha generado economías enteras alrededor de la compra de explosivos, maquinaria y combustibles, y ha financiado redes de sicariato, extorsión, tráfico de insumos y corrupción política. En regiones como La Libertad, Madre de Dios, Cusco y Puno, la minería ilegal no solo destruye territorios, sino que impone un régimen de violencia que supera la capacidad de respuesta de la policía y de los gobiernos regionales.
La Libertad es uno de los ejemplos más contundentes de este fenómeno. En provincias como Pataz, Retamas y Parcoy, el oro ilegal se ha convertido en el combustible de bandas armadas que disputan territorios a bala, extorsionan a empresarios mineros, controlan accesos a campamentos, trafican dinamita y mantienen bajo amenaza permanente a comunidades y autoridades locales. Lo que se mueve debajo de la tierra no es solo mineral: es un flujo constante de dinero que compra armas, paga sicarios, alimenta redes de corrupción municipal y regional, y financia incluso campañas políticas de candidatos que, al llegar al poder, devuelven favores con normativas y “flexibilidades” que permiten a los operadores ilegales seguir funcionando.
Mientras tanto, el sistema financiero convive con un flujo de efectivo tan grande que distorsiona cualquier métrica de prevención. Los bancos, financieras, cooperativas y casas de cambio, muchas veces sin saberlo, reciben y validan operaciones provenientes de redes criminales que se presentan como pequeños comerciantes, transportistas o empresas de “compra de minerales”. A veces lo hacen por desconocimiento; otras, por omisión; y, en los peores casos, por complicidad. La advertencia de la SBS es clara: los controles deben intensificarse, porque el lavado de activos ligado a delitos ambientales está creciendo y las rutas del oro ilegal ya se mezclan con operaciones financieras legítimas.
La dificultad para enfrentar este fenómeno radica en su propia naturaleza. El oro, aun cuando proviene de extracción ilegal, ingresa a la cadena comercial como si fuera legal. No es como la cocaína, que debe ocultarse y pasar por rutas clandestinas; en el caso del oro, basta un documento, un intermediario y una exportadora dispuesta a mezclar la producción de origen ilícito con la de pequeños mineros formales. En el papel todo parece correcto. En la práctica, todo huele a tierra removida, mercurio en el agua y sangre derramada en zonas donde el Estado llega tarde o no llega nunca.
El problema va más allá del crimen ambiental. Cada dólar lavado es un dólar que evade impuestos, que distorsiona mercados, que financia redes criminales y que erosiona la confianza en las instituciones. La minería ilegal no solo destruye montañas y ríos; destruye la idea misma de Estado de derecho. En un país donde los vacíos legales permiten que toneladas de oro salgan como si fueran producto legítimo, donde las ampliaciones del REINFO han servido más como escudo para mineros ilegales que como ruta real hacia la formalización, y donde el dinero ilícito entra y sale del sistema financiero sin dejar huellas, la lucha contra este fenómeno parece más una carrera cuesta arriba que una política de Estado consolidada.
