Por canalizar una vía en el sector Nuevo Indoamérica de La Esperanza.
Hersen Lapiz Pinedo, representante legal del consorcio San José, denunció que el Gobierno Regional de La Libertad no les paga 79 mil soles por canalizar una vía en el sector Nuevo Indoamérica, ubicado en la parte alta del distrito de La Esperanza.
“Cumplimos con nuestro trabajo a inicios de este año, para evitar que el agua de las lluvias ingrese a las viviendas y perjudiquen a cientos de familias, sin embargo, el Gobierno Regional se niega a paganos el monto pactado”, enfatizó Hersen Lapiz.
Esto perjudica a los representantes del Consorcio San José ya que deben pagar a sus trabajadores y cumplir con acreedores, sin embargo, no puede hacerlo porque el ente estatal no les cancela.
El denunciante asegura que la limpieza se cumplió en su totalidad, sin embargo, la arquitecta Cynthia del Carmen Lozano Tamay, inspector de servicio en el Gobierno Regional de La Libertad se habría negado a dar el visto bueno y por este motivo el ente gubernamental se estaría negando a pagarle los 79 mil soles pactados.
“Me siento disconforme con el trabajo de la arquitecta Cynthia del Carmen Lozano porque su obligación era estar presente en la ejecución del servicio, hacer el seguimiento a todas las actividades que se ejecutaron durante el desarrollo del servicio, era su obligación responder los comunicados del residente del servicio y anotar los asientos del cuaderno de servicio todas sus discrepancias y observaciones durante el desarrollo del trabajo, tal y como lo señala la normatividad vigente expresada a través de la ley N° 30225, ley de contrataciones del Estado”, argumentó Lapiz Pinedo.
Finalmente indicaron que reiterarán la solicitud de recepción del servicio, de lo contrario se acogerán a lo que señala el código penal – decreto legislativo N°635 – 2021, específicamente al artículo 377 de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Procederemos a denunciar penalmente a la arquitecta Cynthia del Carmen Lozano Tamay por omisión de funciones, pues al ser una funcionaria pública que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días de multa”, finalizó el representante legal del Consorcio San José.
Pidió al gobernador regional, Cesar Acuña a interceder y averiguar porque no le quieren cancelar por un trabajo cumplido y que ayudó a disminuir los daños de las aguas que bajaron del cerro de Cabras, el último sábado 29 de marzo.
